En un momento de máxima presión judicial, el Gobierno envió una señal inequívoca de cohesión interna. Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, encabezó una recorrida por el Instituto Malbrán junto a Manuel Adorni. La actividad no fue solo institucional: representó un sólido espaldarazo político para el jefe de Gabinete, cuyo crecimiento patrimonial está bajo la lupa del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo.
La visita se realizó bajo un hermetismo total. Sin transmisión oficial y con acceso denegado a la prensa, el edificio en Barracas fue custodiado por un despliegue de la Policía Federal y la Casa Militar.
El objetivo fue doble: proteger la intimidad de los funcionarios y neutralizar el "escrache" anunciado por el gremio ATE. "Son personas no gratas en la administración pública", había advertido Rodolfo Aguiar, titular del sindicato, aunque el operativo impidió cualquier contacto entre los manifestantes y la comitiva oficial.
Mientras los funcionarios recorrían laboratorios de bacteriología, en Comodoro Py se sumaban testimonios clave. Las prestamistas que facilitaron U$S 100.000 a Adorni en 2024 confirmaron ante la Justicia que no conocían al funcionario y que la operación se gestó a través de una escribana.